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Contratos Gubernamentales Fraudulentos

El fraude de contratos gubernamentales abarca una serie de actividades que van desde la aceptación de sobornos y el establecimiento de precios hasta el fraude en las ofertas y la falsificación de facturas. Desafortunadamente, incluso contratistas que no están involucrados en actividades fraudulentas a menudo son acusados de este delito, lo que puede tener repercusiones devastadoras para su negocio en el ámbito financiero en general. Elegir el abogado apropiado puede marcar toda la diferencia en el resultado de su caso, por lo que, si usted ha sido interrogado a causa de su participación en un presunto fraude de contratos del gobierno, debe hablar con un abogado especialista en delitos económicos, experto en derecho federal que sea capaz de reducir sus cargos o posiblemente desestimarlos.

Fraude de Contratos

Cualquiera que tenga un contrato con el gobierno puede ser acusado de fraude, sin embargo, las entidades que más comúnmente son denunciadas incluyen:

  • Proveedores de servicios de salud;
  • Contratistas de defensa;
  • Empresas de construcción.

Las personas y empresas anteriormente mencionadas pueden ser acusadas de comportamientos ilegales que frecuentemente incluyen:

  • Sobre facturación o doble facturación;
  • Cobro por servicios o bienes no provistos o que no estaban relacionados con el negocio;
  • Suministro de bienes o servicios de calidad inferior.

Aquellos que son acusados de fraude en relación con un contrato gubernamental también suelen ser acusados de otros delitos, incluyendo fraude postal y cibernético, confabulación y fraude contable. Sin embargo, antes de que una persona pueda ser condenada, se debe poder demostrar que presentó, conscientemente, un reclamo falso al gobierno. Es extremadamente importante, en cualquier cargo por fraude, poder justificar su carácter intencional. Por lo que, proporcionar evidencia de la falta de intención a la hora de cometer el fraude es fundamental para los demandados.

No revelar Violaciones Materiales

En 2016, la Corte Suprema dictó, unánimemente, un fallo que dice que las empresas que hacen negocios con el gobierno pueden ser demandadas por fraude si no revelan infracciones legales o reglamentarias. El tribunal también anunció que la violación debe ser significativa para justificar una condena por fraude de contratos gubernamentales. Las infracciones que se consideren lo suficientemente importantes como para justificar cargos federales incluyen la facturación de servicios prestados por empleados sin licencia y tergiversaciones como la confirmación de hechos a medias y la omisión de información calificada.

Una definición precisa de lo que se entiende como “violación material” ayuda a proteger a los contratistas del gobierno de reclamaciones triviales que de lo contrario podrían resultar en costosas adjudicaciones y reclamos falsos. Desafortunadamente, muchos contratistas son acusados injustamente de cometer fraude, por lo que es especialmente importante para quienes estén siendo acusados de este delito, hablar con un abogado experimentado que le ayude a desestimar sus cargos.

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